El Poder Judicial aceptó evaluar la demanda del Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la ley que otorga nuevas facultades a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para intervenir en el trabajo de las ONG.

El Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la Ley 32301, una norma recientemente aprobada por el Congreso que amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para perseguir y sancionar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben cooperación internacional.

Según el director del IDL, Carlos Rivera, esta ley representa una amenaza para varios derechos constitucionales ya que obliga a la ONGs a tener la autorización de la APCI para poder iniciar ejecutar sus proyectos. Además, indica que es una norma que establece la prohibición de litigio contra el Estado a nivel nacional, internacional, judicial y administrativo.

«En la anterior ley había una sanción de una multa de 50 UITs que ya es bastante, pero esta ley tiene un rango de multa absolutamente desproporcionadas y que determinan la voluntad del Ejecutivo de querer disolver las organizaciones, pues la multa sería de 500 UITs (…) hoy admitieron la acción, vamos a continuar con esto y sin duda alguna vamos a presentar una medida cautelar en el menor tiempo posible», sostuvo para este medio.

Organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos han advertido que esta norma busca intimidar a las ONGs críticas con el gobierno. Ahora con la admisión del amparo, el Poder Judicial deberá evaluar la constitucionalidad de la ley en una audiencia virtual programada en Meet para el próximo 29 de setiembre a las 10 de la mañana.